Alvariño tumba la propuesta de Fontenla para llevar a juicio al Igape

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El comité ejecutivo de la CEG rechaza reclamar a la Xunta las facturas sin pagar de las oficinas en el exterior

Javier Aguilera (Igape) y Antonio Fontenla (CEG)

10 de marzo de 2014 (03:32 CET)

La propuesta de Antonio Fontenla no prosperará. El comité ejecutivo de la patronal gallega rechazó el pasado viernes iniciar un contencioso administrativo contra el Igape para reclamar el pago de 300.000 euros en facturas de las oficinas en el exterior. El ex presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia reclamó numerosa documentación a la patronal para realizar una última intentona de exigir el dinero a la Xunta. Las facturas forman parte de su etapa al frente de los empresarios gallegos y de un programa, el de la red Pexga, articulado en base a la financiación pública que puede acabar costándole caro a la CEG. La opción de activar un pleito contra la Administración fue rechazada el viernes por diez votos en contra y sólo tres a favor, estos últimos todos de empresarios de A Coruña.

El rechazo implica que la nueva directiva, capitaneada por José Manuel Fernández Alvariño, prefiere asumir el agujero. Al empresario vigués no le cuadraron las cuentas dejadas por su predecesor, que, sobre el papel, presentó una patronal saneada y con 700.000 euros de superávit. La auditoría interna que puso en marcha el presidente de la CEG, una de sus promesas electorales, encontró algunos desajustes, entre ellos, en la red Pexga, según informan fuentes empresariales. Quizá por este motivo prefiere replegar filas y no enfrentarse al Igape, manteniendo su vocación por alejar de la luz pública los conflictos internos de la patronal a favor de la imagen de unidad que defendió durante su candidatura.

Enfado del Igape


De manera oficial, la nueva directiva de la CEG solo se pronuncia sobre la ofensiva de Fontenla en el comité ejecutivo y con sus votos. En círculos próximos al empresario coruñés defienden que las facturas están perfectamente justificadas dentro del convenio con el Igape. Y el departamento dependiente de la Consellería de Economía considera que la anterior directiva incurrió en gastos “que no se ajustaban a convenio”. Pero ninguno de los tres actores en el enredo aclara en qué se gastaron los 300.000 euros.

Quedó evidenciado, sin embargo, el enfado del Igape respecto a la gestión de la red Pexga con el recorte aplicado a las oficinas exteriores. Del convenio por cuatro años y un máximo de 18 millones de euros se pasó a un presupuesto de 2 millones de euros y sólo por un año. A esto hay que sumar otros recortes y no solo en el número de plataformas ubicadas en el exterior, que pasaron de 13 a 8.

¿Un convenio de transición?

También se ha cerrado la oficina central de la CEG, la llamada oficina de coordinación de la red Pexga. Se ubicaba en el centro histórico de Santiago, en un inmueble alquilado y llegó a contar, según fuentes empresariales, con 8 trabajadores adscritos. La nueva sede se reubicará en las instalaciones de la patronal y ya no tendrá un director, como fue Armando Villanueva durante la presidencia de Fontenla. El perfil más directivo se eliminará y se substituirá por un técnico, mientras que la red estará englobada en el área de comercio internacional de la CEG.

El nuevo organigrama es, informan fuentes empresariales, una exigencia del Igape, donde había sentado mal el número de técnicos que incorporó la patronal para el desarrollo de las plataformas. Pero si se mantuviera la estructura anterior, tampoco la red Pexga sería un regalo apetecible para ningún miembro de la actual directiva de la patronal. Más allá del problema de las cuentas, muchos han interpretado el nuevo acuerdo como un convenio de transición, que ofrecerá tiempo al Igape para rearmar su estructura de técnicos, desarticulada cuando Feijóo puso el apoyo a la internacionalización a través de las plataformas en manos de los empresarios. Después estaría listo para dar carpetazo a la red exterior y lanzarse a abrir nuevas oficinas que operen bajo su control.
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