Almunia salva a NCG, Gallego y Pastor de las devoluciones del ‘tax lease’

Blanco y en botella lo ha planteado el comisario europeo Joaquín Almunia. La devolución del tax lease, el sistema de bonificación fiscal que durante años permitió sobrevivir a la construcción naval privada en Galicia, y de la que se beneficiaron como financiadores grandes grupos inversores, tiene fecha. Será el próximo 17 de julio cuando se dicte sentencia. Y de sus palabras se deduce que, del triángulo formado entre astilleros, armadores, grupos privados y bancos colocadores, la peor parte se la llevarán los inversores y los armadores.

Aunque de las palabras de Almunia se desprende que los astilleros no se verán obligados a devolver las bonificaciones, algo que todo el sector pone en serias dudas por ser la parte más débil de la cadena, los que tendrán que cargar con la devolución de gran parte de los 3.000 millones que en total representaron las bonificaciones del tax lease tienen nombre y apellidos. El comisario puntualizó que los obligados a hacerlo son los inversores y los navieros armadores que adquirieron los barcos. «Están clara y tajantemente excluidos de la devolución los astilleros que fabricaron los buques y los bancos y compañías de leasing que participaron como meros agentes financieros», afirmó Almunia para aportar algo de luz sobre unos y sombras sobre otros.

Pléyade de inversores

Y es que del sistema de bonificaciones del tax lease, con la incorporación a sus cuentas de resultados de bases imponibles negativas a descontar en el pago del Impuesto de Sociedades, se beneficiaron grandes grupos empresariales gallegos, como ya adelantó Economía Digital. Entre ellos, se encuentran Inditex, los Freire (dueños de Megasa), el empresario padronés José Manuel Cortizo o el controvertido José Alberto Barreras, dueño de Montebalito e imputado actualmente en la Audiencia Nacional por la crisis de Pescanova.

Los bancos colocadores, en palabras de Almunia, tampoco se verán afectados por las devoluciones, ya que realizaban meras labores de intermediación. Lo cierto es que, a través de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE), las entidades entraron en el negocio de la creación de navieras como un producto financiero más, con altos rendimientos, y sobre todo, con la generación de las mencionadas bases imponibles negativas. Fueron muchos los bancos y cajas que en los últimos años de la década de 2000 se sumaron a este negocio. Entre ellos, la extinta Caixanova y su participada el Banco Gallego; NCG, como heredera de las cajas, y el Banco Pastor, hoy en manos del Popular. Almunia les ha indultado.

El comisario explicó que el Derecho europeo es superior a cualquier tipo de contrato civil por lo que no cabe que los participantes en el sistema se pasen «unos a otros la posible responsabilidad de devolución». Remachó que «los astilleros están fuera de esa responsabilidad» y «nadie puede exigirles que se subroguen en la obligación de devolver las ayudas».

Negocio para bancos y cajas

Otro tanto sucede con las entidades financieras. Y es que NCG, por ejemplo, procedió a finales de 2012 a domiciliar en su sede operativa de García Barbón, en Vigo, la pléyade de Agrupaciones de Interés Económico constituidas en su día para financiar la construcción de grandes buques al abrigo de las exenciones fiscales. NCG trasladó a Vigo el domicilio de hasta una docena de navieras repartidas entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Se trata de las firmas Naviera Aldán AIE, Naviera Cabo Udra, Naviera Bobia, San Roque, Cabo Estay, Beluso, San Simón, Cruces, Malpica, Olimpia, Area Brava, entre otras agrupaciones de interés económico. El grueso de estas firmas había sido puesto en marcha en su día por Caixanova, años antes de su fusión con Caixa Galicia

Fue precisamente la caja viguesa, y posteriormente su participada Banco Gallego, las primeras entidades financieras autóctonas en abordar este tipo de inversiones. Ambas participaron con porcentajes significativos, que oscilan entre el 10% y el 35% del capital, en distintas AIE como Toralla, Santa Tecla, Carnota, Dafne, Barallobre, Sisargas, Silleiro, Paola y Eido do Mar, todas ellas domiciliadas en Santa Cruz de Tenerife. Durante 2007 el Banco Pastor procedió a crear siete navieras bajo esta fórmula jurídica, en cuyo capital participa la propia entidad y también diversos socios. La construcción de gaseros y remolcadores, y también de buques de pequeño y mediado tonelaje, realizada en astilleros gallegos como Barreras, entre otros, era el destinatario final de estas inversiones, que se canalizaban en régimen de arrendamiento financiero también para grandes compañías, como es el caso de Transmediterránea.