Alierta deberá despedir a Urdangarín si se sustancia su imputación

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CASO 'PALMA ARENA'

El Duque de Palma, Iñaki Urdangarín

12 de noviembre de 2011 (23:48 CET)

Los días del yerno del Rey, Inaki Urdangarín, en Telefónica deberían contarse con los dedos de una mano si finalmente es imputado por el juez José Castro, que investiga un presunto delito de apropiación de fondos públicos a través del Instituto Nóos en el marco del caso Palma Arena.

El presidente de la multinacional española, César Alierta, deberá despedir al Duque de Palma, consejero en Latinoamérica y Estados Unidos, o incumplir el reglamento del consejo de Telefónica.

La presencia de Urdangarín en este órgano de gobierno sería inviable si las sospechas delictivas se sustancian en un auto judicial. El punto tercero de ese reglamento, relativo al nombramiento y cese de consejeros, establece en el artículo 12 que “éstos cesarán del cargo cuando su permanencia en el mismo pueda afectar al crédito o reputación de que goza la compañía”.

Urdangarín, su esposa, la Infanta Cristina de Borbón --séptima en la línea sucesoria--, y sus cuatro hijos viven en Washington (EEUU) desde que en 2009 Alierta nombró al ex jugador de balonmano consejero de la multinacional en Latinoamérica y EEUU. Sin embargo, forma parte del consejo desde 2006, cuando se incorporó como consejero de Telefónica Internacional, con despacho en Barcelona.

Sin responsabilidades ejecutivas

El traslado desde la capital catalana a la estadounidense se decidió dos semanas después de que Urdangarín abandonara la presidencia del Instituto Nóos (cargo por el que le investigan). En Washington nunca ha desempeñado labor alguna de coordinación para la teleco, sino de representación institucional “dada la proyección internacional del Duque”, defendía Telefónica.

El PSOE de las islas Baleares tiró de la manta y llamó la atención sobre “los contratos opacos” que, en su opinión, firmaron Urdangarín y el ex presidente autonómico, Jaume Matas, según se lee en la prensa regional del momento.

Las denuncias políticas aseguraban que el Instituto Nóos se benefició de contratos a dedo con los gobiernos balear y valenciano. Las dudas recaen sobre varias adjudicaciones directas que, entre ambas administraciones, supusieron unos ingresos de más de tres millones para Nóos y sobre los que ahora no se haya justificación.

La investigación sigue


Durante toda la semana, la Policía, por orden de la Fiscalía Anticorrupción, ha investigado la sede del instituto en Barcelona incautándose de una cantidad muy importante de documentación, según fuentes jurídicas, que ya analizan el juez Castro y el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach.
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