Alcoa sacude San Cibrao con un nuevo recorte de producción
La multinacional estadounidense dispara las alertas y anuncia un recorte de la producción de aluminio del 6% sobre la única planta que le queda en España
Las antiguas plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés han visto despejado un horizonte de dos años de actividad tras su reciente compra por el fondo suizo Parter. La operación ha reducido la huella de la multinacional estadounidense en España hasta el punto de que ahora solo cuenta con una factoría, la de San Cibrao, sobre la que también se ciernen nubarrones.
Así lo denuncia el comité de empresa de la compañía en su factoría lucense, que ha desvelado los planes de Alcoa de parar 32 cubas de las electrolisis en un plan para ajustar gastos.
En el caso de llevarse adelante, este movimiento supondría un nuevo recorte de más del 6% en la producción de aluminio y que se sumaría a los recientes descensos del 5%, agravando así la situación de la única fábrica española sobre la que Alcoa decidió no colocar el cartel de “se vende” cuando el pasado otoño avanzó el cierre total de A Coruña y Avilés.
A vueltas con el precio de la energía
En su reunión del martes con los miembros del comité de empresa, fuentes de Alcoa han enmarcado el movimiento en la necesidad de “intentar reducir las pérdidas motivadas por el elevado coste de la energía”. Según la compañía, la energía se come el 41% de los gastos totales de producción de aluminio y, además, la factura eléctrica en España le es un 50% más cara en otros países.
Esta problemática, la del elevado precio de la energía, ha sido esgrimida por la Xunta de Galicia durante los últimos meses. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido en los últimos días contra la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que previamente le acusó de «no alegrarse» por la venta de Alcoa, al asegurar que “el futuro pasa por el estatuto electrointensivo”.
La Xunta entiende que Galicia está expuesta a más crisis industriales mientras no se actúe sobre el precio de la energía con medidas como el estatuto para la industria electrointensiva, que el Gobierno estatal anunció que aprobaría antes de las elecciones de abril y que cuatro meses después sigue en stand by tras la investidura fallida de Pedro Sánchez.
