Alcoa, Ferroatlántica, Megasa y Cosmos exigen cambios en la subasta eléctrica

Los grandes consumidores, agrupados en un "lobby" en el que participan los cuatro grupos con plantas en Galicia, advierten al Ministerio de Industria que con el sistema actual están en desventaja frente a sus competidores

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El mensaje es mucho más contenido que en otras ocasiones, modulando las formas, pero los grandes consumidores de energía exigen cambios en el sistema de subastas de interrumpibilidad, impulsado por el Ministerio de Industria para introducir competencia en este tipo de incentivos y a la vez rebajar el déficit de tarifa. Lo hacen esta vez al unísono, más allá de resultado de la subasta realizado la semana pasada, que ha ido por barrios y tiene a Alcoa como una de las perjudicadas. Ahora, la propia multinacional norteamericana, así como Ferroatlántica, Cosmos, Megasa y SLG Carbón, a través de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), exigen al ministerio un sistema «más eficaz», con una batería de cambios.

«La industria electro-intensiva española requiere una política energética que le permita competir en igualdad de condiciones con sus competidores internacionales», manifiesta la patronal que integra a Alcoa (San Cibrao, A Coruña y Avilés), Ferroatlántica (Cee, Dumbría y Sabón), Megasa (Narón) y SLG Carbón (A Coruña), así como la cementera Cosmos, de Corporación Noroeste (Votorantim). Megasa y Ferroatlántica, que como Alcoa guardan silencio ahora, amenazaron con medidas laborales internas e insinuaron cierres antes de la subasta realizada el año pasado.

Piden receptividad

La asociación de grandes consumidores de energía, que representa el 15% del consumo nacional de electricidad y el 10% del de gas natural, con unos 1.500 millones de euros en gasto anual en consumo energético, considera que el sistema de asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad para 2016 mediante subastas es «eficaz», porque somete a la industria a competencia para la prestación de este servicio. Sin embargo, considera que sería «interesante» plantear otras alternativas e incorporar algunas medidas relacionadas con la duración de la prestación del servicio o la dotación económica, entre otras, y espera que sus sugerencias «puedan ser atendidas en el futuro próximo».

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