Alcoa duda de Liberty ante el juez: "Solo quiere la alúmina"

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acoge desde las nueve y media de esta mañana la vista en la que se dirime las medidas cautelares planteadas por los sindicatos CIG, CC.OO. y UGT, junto al comité de empresa de la fábrica de Cervo (Lugo), para paralizar el expediente de regulación de empleo (ERE) impulsado por Alcoa para 524 trabajadores e impedir que la multinacional inicie el proceso de parada de las cubas de electrolisis. Se prevé que la vista se prolongue durante toda la tarde pero, a lo largo de cinco horas, la defensa de Alcoa ha cargado contra el Gobierno central e, incluso, contra Liberty, la compañía interesada en hacerse con la factoría de aluminio primario, a la que ha acusado de tener como interés final la planta de alúmina. Los sindicatos, por su parte, han vuelto a exponer su creencia de que la multinacional americana nunca estuvo interesada en vender ya que, lo que pretende, «es acabar con la producción de aluminio primario en España«.

La defensa de Alcoa, que solicita dejar sin efecto la solicitud de adopción de medidas cautelares, insiste en que el cierre de San Cibrao se justifica en cuestiones económicas. Asegura que la planta de Cervo acabará el año con unas pérdidas de 58 millones de euros, 170 millones en los tres últimos ejercicios, un motivo que justifica, según su versión, la decisión de Alcoa. Además, en su exposición inicial, el abogado defensor, del gabinete jurífico de Garrigues, insistió en varias ocasiones en que existe una cierta conivencia entre el comité de empresa, la Xunta de Galicia y el Gobierno central para obligar a la compañía a la venta de la planta. «No se puede obligar a vender sí o sí», ha dicho en distintos momentos de su intervención inicial.

Parada de cubas: 35 millones

Por otro lado, ante el juez, Alcoa asegura ahora que tanto el ERE que pretende articular como la parada de cubas no significa «ni el cierre ni el desmantelamiento de la planta«. La defensa indica que, aún con la hibernación de las cubas, que el comité de empresa pretende parar a toda costa, casi un centener de trabajadores se mantendrían trabajando en la fundición. Además, asegura que Alcoa podría reactivar las cubas con un coste que se estima en una horquilla entre 35 y 40 millones de dólares. De hecho, la compañía ha puesto varios ejemplos de fábricas cuyas cubas se han reactivado.

Esta argumentación no convence ni a los sindicatos ni al propio Gobierno central, que en este juicio figura como parte interesada. «Es razonable lo que se pide«, expuso sobre las medidas cautelares el abogado del Estado, en representación del Ministerio de Industria, quien sobre la posibilidad de rearranque de las cubas ha puesto en duda que pueda producirse «con la misma calidad o el mismo nivel productivo«. «Para ser claros, yo puede volver a arrancar mi coche tras tenerlo parados dos años, pero no estará en las mismas condiciones», comparó.

Sobre el hipotético proceso de rearranque de la planta, una de las peritos económicas que han prestado declaración a petición de CCOO, expuso que la compañía nunca dio datos claros sobre el coste del cierre de la planta. Al margen de su valoración de la reactivación de las cubas, «existen otros costes que le pueden venir sobrevenidos, como tener que devolver los costes de CO2«, argumentó.

Liberty House

La acusación preguntó a representantes sindicales qué comentó Alcoa acerca de las fallidas negociaciones con Liberty House. Según la versión de los sindicalistas, la compañía «ocultó información» sobre el proceso de negociaciones. Además, Víctor Ledo, de CCOO, recordó que Liberty se presentó en 2018 al proceso de puja para hacerse con las factorías de A Coruña y de Avilés. «Pero, de 21 empresas que se postularon, solo dos llegaron a la fase final, Parter y Riesgo, curiosamente, las dos que no eran productoras de aluminio, sino fondos de inversión», dijo, para alertar sobre la situación de crisis que presentan en la actualidad ambas fábricas.

Sobre cómo acogió Alcoa la oferta de Liberty fue preguntado el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril. «A este respecto, por parte de Alcoa, primero hubo ocultación de datos hacia nosotros, además de insinuaciones sobre la dudosa credibilidad de la oferta», dijo, para insistir en que «en todo momento, quedó claro que la opción de Liberty tenía la premisa fundamental de mantener en funcionamiento las cubas».

La defensa, no obstante, argumentó que Liberty House no hizo pretensiones razonables en la frustrada negociación y manifestó que estuvo durante varios dias sin dar información ni respuesta a Alcoa. «Liberty pedía mucho más de lo que cuesta un despido colectivo, cinco veces los costes de un despido colectiva. La conclusión a la que llega esta parte es que no hay interés real por la planta de aluminio primario, sino por la de alúmina», aseguró la defensa, que recordó que había pagado 417 millones de euros por una planta de aluminio simular a la de Cervo en Dunkerque, Francia.