Alcaldes del PSOE exigen a Sánchez una solución para Endesa-As Pontes

Regidores de la comarca de Ferrolterra, encabezados por Valentín González Formoso, respaldan a los transportistas y exigen que el Gobierno tome medidas

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La crisis por la central térmica de Endesa en As Pontes abre una grieta en el PSOE. Alcaldes socialistas de la comarca de Ferrolterra, encabezados por el presidente de la Diputación de A Coruña y regidor de As Pontes, Valentín González Formoso, y regidores de la provincia de Lugo respaldan las protestas de los transportistas y exigen medidas al Gobierno.

Los alcaldes de Capela, As Somozas, Cabanas, Cerdido, Cariño, Fene, Ferrol, Moeche, Narón, Ortiguiera, Pontedeme, San Sadurniño, Valdoviño, Vilalba, Xermade y Lugo se rebelan contra el parón de la central de As Pontes, que acumula ya cuatro meses sin actividad debido al encarecimiento del precio del CO2.

Con este movimiento, respaldan las pretensiones colectivo de camioneros encargados de transportar el carbón desde el puerto exterior de Ferrol hasta la central térmica de Endesa en As Pontes, que iniciarán una serie de encierros para demandar la reactivación de la central.

Encierros y reunión con el Gobierno

Las movilizaciones de los transportistas finalizarán con una reunión ante el Ministerio de Industria, en donde Valentín González Formoso, ha avanzado que se hará entrega de un documento para que «una central que se está adaptando a la normativa ambiental europea más exigente no tenga que sufrir por culpa de la especulación de los precios del CO2, que afecta ahora a As Pontes, pero que va a afectar a muchas otras industrias gallegas y estatales».

«No se puede permitir que el aire que respiramos pueda ser una mercancía como el petróleo o las joyas, un aire que se está comercializando actualmente a 25 euros por tonelada, provocando que la central térmica esté parada y tenga un futuro negro, negro como el carbón», ha incidido el también presidente de la Diputación de A Coruña.

González Formoso ha detallado que esta segunda reunión de alcaldes da continuidad a la celebrada en el mes de julio y en la que se había iniciado «una reclamación conjunta de toda la comarca al Gobierno central y al Gobierno comunitario» para que «una instalación que se está adaptando a la normativa europea, con una inversión de 230 millones de euros, acometiéndose a fecha de hoy, y con 900 empleos directos e indirectos afectados, es un sin sentido el tenerla parada, con el efecto que tiene sobre la economía de la comarca», ha sentenciado.

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