Planta de la conservera Calvo en Carballo / USO

Aduanas gana una batalla de 6 millones a Calvo

El Tribunal Supremo rechaza el recurso presentado por la conservera gallega para evitar un pago de más de 6 millones por sus importaciones de atún

El Tribunal Supremo ha cerrado uno de los capítulos de la larga batalla que libra la conservera gallega Calvo con las autoridades fiscales a causa de sus importaciones de atún de El Salvador. La Sala de lo Contencioso ha desestimado un recurso de casación presentado por la filial Calvo Conservas en relación a un litigo de 6,5 millones que pasó ya por el Tribunal Económico Administrativo Central y por la Audiencia Nacional, sin que la compañía lograra librarse del grueso de la liquidación cursada por Aduanas.

El conflicto procede de una investigación en la que participó la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y se dilata ya desde 2010, cuando la Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de A Coruña procedió a las comprobaciones fiscales tras las que dictó una serie de actas de liquidación. El caso que resuelve ahora el Supremo hace referencia a 6,5 millones, si bien la última provisión de Calvo para hacer frente a las reclamaciones ascendía a 20 millones.

Sistema de exeoneración fiscal

La disputa se centra en que la conservera se acogió al llamado Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), un régimen comercial a través del cual la UE proporciona un acceso preferencial no recíproco al mercado comunitario de productos originarios en países y territorios en desarrollo a través de la exoneración total o parcial de los derechos arancelarios, para sus importaciones de atún entre enero de 2007 y octubre de 2008.

La OLAF concluyó que lo hizo de manera irregular al utilizar buques –el Montealegre y el Montelape-- de doble abanderamiento, uno en las Seychelles y otro en El Salvador, por lo que deberían ser considerados apátridas y quedar excluidos del sistema de exenciones fiscales.

Calvo ve un cúmulo de irregularidades en el informe de la OLAF

En el actual litigio, Calvo alegó que el informe de la OLAF es “nulo de pleno derecho” tras exponer una larga lista de irregularidades. En consecuencia, las liquidaciones lo son también de manera “indiscutible” pues las autoridades aduaneras españolas partieron de él para efectuar las liquidaciones.

El Supremo, sin embargo, rechaza los argumentos de la conservera y ratifica la desestimación previa de la Audiencia Nacional y la resolución anterior del TEAC, obligando a la compañía que dirige Mané Calvo a abonar más de 6 millones en tributos.

De la cuantía total en litigio hay que restar los intereses de demora del IVA, unos 51.000 euros, que el Tribunal Económico Administrativo Central anuló en 2014 tras el recurso presentado por Calvo.

Un artículo de Rubén Rodríguez

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