Aduanas acosa a Calvo por las importaciones de El Salvador

El Tribunal Económico Administrativo de Galicia, el Tribunal Económico Administrativo Central, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y la Audiencia Nacional son las instancias judiciales a las que ha recurrido Grupo Calvo ante su disconformidad por las liquidaciones de impuestos y aranceles realizadas por el Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria. Las acciones legales del grupo conservero tienen origen en las liquidaciones llevadas a cabo por Aduanas, realizadas entre 2010 y 2011, por importe de 18,8 millones de euros en relación con las importaciones de atún desde El Salvador, donde Calvo tiene una planta de transformación. Y están relacionadas, fundamentalmente, con el abanderamiento de los buques y el origen de las tripulaciones de su flota.

Durante los ejercicios 2009, 2010 y 2011, las autoridades aduaneras realizaron una serie de comprobaciones parciales en relación con las importaciones de atún procedentes de El Salvador realizadas por la firma Calvo Conservas SLU y por otras sociedades del grupo, llevadas a cabo durante 2007, 2008 y 2009. Dichas importaciones, según relata la propia compañía, se realizaron al amparo del Sistema de Preferencias Generalizadas, que establece una serie de ventajas arancelarias a las importaciones realizadas desde El Salvador a la Unión Europea, siempre que cumplan una serie de requisitos previstos tanto en el citado Sistema de Preferencias Generalizadas como en las Disposiciones de Aplicación del Código Aduanero Comunitario.

Derechos aduaneros especiales

Básicamente, el sistema de preferencias de la Unión Europea (UE) ofrece a los países en desarrollo una reducción de los derechos de aduana en el acceso de algunos de sus productos al mercado europeo. El objetivo de esta política consiste en “ayudar a los países beneficiarios a integrarse mejor en el comercio mundial y contribuir de este modo a su desarrollo económico, respetando los derechos humanos y los principios de desarrollo sostenible”, según los reglamentos desarrollados por la propia UE. Calvo importa a España atún desde su planta de El Salvador, que también canaliza su producción a otros mercados internacionales donde está presente el grupo.

Como consecuencia de las mencionadas comprobaciones parciales, las autoridades aduaneras, al entender que no se había dado cumplimiento a determinados requisitos que daban lugar al acogimiento a dicho sistema, realizaron durante los ejercicios 2010 y 2011 una serie de liquidaciones a la sociedad y a otras firmas de Grupo Calvo por un importe total de 18,8 millones. Las liquidaciones se correspondían con derechos arancelarios no liquidados, Impuesto sobre el Valor Añadido a la Importación e intereses de demora correspondientes a las importaciones de los ejercicios 2007, 2008 y 2009, que sumaban 13,1 millones de euros, “neto de su correspondiente efecto impositivo por Impuesto sobre Sociedades y una vez descontado el crédito fiscal correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido”, según la propia empresa.

Recursos en varias instancias

Dichos acuerdos de liquidación están siendo recurridos por el Grupo Calvo en diferentes instancias judiciales “dado que tanto los administradores de la compañía como sus asesores externos estiman que la resolución final de este proceso será favorable a los intereses del grupo y no generará quebranto patrimonial alguno para Calvo Conservas ni para el grupo al que pertenece, motivo por el cual las (últimas) cuentas anuales no incluyen provisión alguna por este concepto”, según el propio grupo. Economía Digital se puso en contacto con Calvo para conocer en detalle el estado de los recursos presentados, sin obtener respuesta.

En abril de este año, el accionariado de la primera conservera gallega, en liza con la boirense Jealsa, dio un vuelco al adquirir la multinacional italiana Bolton un 40% de su capital. La operación superó los 125 millones de euros, al desprenderse de sus paquetes Novagalicia Banco (ingresó 69 millones), Banca Cívica (un 25%) y el Fondo de Garantía de Depósitos, con otro 25%, La familia Calvo, la propietaria del 17,8% de las acciones que entraron en la operación, recibió los 55 millones de euros restantes que aportó el gigante italiano en la compra. La familia fundadora conserva el 60% del capital del grupo.