ADIF remite al juez la lista de responsables de seguridad del tramo donde descarriló el Alvia

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No aclara si envió una relación de las personas que participaron desde los inicios del trazado

Un tren Alvia pasa al lado del convoy siniestrado | EFE

29 de agosto de 2013 (18:58 CET)

Nueve días ha tardado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en remitir al juez Luis Aláez la documentación solicitada a respecto del accidente del Alvia que segó 79 vidas el pasado 24 de julio en Santiago.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, había asegurado que el departamento jurídico de ADIF entregaría la documentación solicitada esta misma semana, pero no avanzó una pregunta clave, que tampoco ahora despeja el administrador.

El juez Aláez tiene intención de imputar a los cargos de ADIF responsables de la seguridad en el tramo Ourense-Santiago en donde descarriló el ferrocarril. Por ello solicitó al ente público información sobre las personas responsables de este cometido.

La longitud de la lista, una incógnita

En días posteriores, fuentes de ADIF insinuaron que estaban preparando documentación que señalaba a todas las personas que tuvieron que ver con la seguridad en el tramo marcado desde el inicio del trazado, hace 14 años.

Este jueves, al igual que ya hizo Ana Pastor, el ente ferroviario ha dado marcha atrás. No ha querido aclarar qué época abarca la documentación remitida al juez. Si se remonta a 14 años o sólo a fecha del 24 de julio, como especifica el auto. “Se ha enviado la información reclamada”, indicaron a Economía Digital.

Imputados


ADIF alega que el que primero debe conocer la información es el magistrado que lleva la investigación sobre el siniestro. Según el organismo que preside Gonzalo Ferre, será él el que decida posteriormente quién debe ser imputado en base a la información otorgada.

El auto emitido por el juez Aláez explicaba que para la toma de declaración nuevos imputados se señalaría fecha una vez que ADIF informase sobre la identidad de las personas requeridas.

Omisión de cautelas

En concreto pidió informes de quiénes integran el órgano responsable en materia de seguridad en la circulación “con indicación de las capacidades o facultades de cada una de ellas en la toma de decisiones”. También solicitó los protocolos donde se recogen los procesos relacionados con la seguridad en la circulación no contemplados en los demás documentos reglamentarios.

Aláez exponía en el auto que “es evidente que las características de la vía en el lugar donde se produjo el descarrilamiento (en la curva de A Grandeira) son sumamente comprometidas para la circulación de los trenes”.

El juez indica que “puede concluirse que ha existido una omisión de cautelas elementales por quienes tienen la misión de garantizar la seguridad de la circulación ferroviaria en dicha línea, constitutiva de una imprudencia punible”.
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