Adif, campeona de los sobrecostes para el Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas detecta sobrecostes de 953 millones en contratos de empresas públicas no financieras y la palma se la lleva Adif
El gestor de infraestructuras ferroviarias es, se mire por donde se mire, el campeón de los sobrecostes. El Tribunal de Cuentas ha detectado incrementos de hasta 953,4 millones de euros en las adjudicaciones realizadas por las empresas públicas no financieras en los años 2014, 2015 y 2016 como consecuencia de las incidencias surgidas durante la ejecución de estos contratos. Y Adif se lleva la palma.
Así consta en un informe aprobado el pasado mes de septiembre por el Pleno del Tribunal, que revela que el 71,2% de los expedientes de incidencias surgidas a lo largo de su ejecución acabaron afectando a su precio, a los plazos previstos o a ambos. En total estas incidencias elevaron en 14.829,37 meses la ejecución de los contratos ya fuera por ampliaciones de plazo o por autorizaciones de prórrogas.
El mayor impacto económico se concentró precisamente en las prórrogas, pues en los tres años fiscalizados se autorizaron 667, por un total de 5.695,14 meses. El Tribunal cuantifica este impacto en 582,2 millones de euros.
Entre Adif y Renfe
Con respecto a las entidades que presentaron un mayor número de incidencias, Adif registró en estos tres ejercicios 2.089 expedientes, el 45% del total; seguida de Adif-Alta Velocidad (885), Renfe-Operadora (250), Enaire (238), Correos y Telégrafos (178), Renfe Viajeros (162), Tragsa (117), Renfe Fabricación y Mantenimiento (83), Paradores de Turismo (78), Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (72) y Seitsa (63).
Estos datos figuran en el ‘Informe de fiscalización de la actividad contractual del sector público empresarial estatal no financiero, a partir de la información proporcionada por la plataforma de rendición telemática de la contratación, en los ejercicios 2015 y 2016’. En el documento, se fiscaliza el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias a las que está sometida la actividad del sector público empresarial estatal no financiero respecto a la contratación, la selección de los contratistas y las principales incidencias en la ejecución, así como el grado de cumplimiento en la obligación de remitir documentación al Tribunal de Cuentas.
