Acoso en Lavacolla: juicio al jefe de seguridad tras cuatro denuncias

Este lunes se ha celebrado la primera de las tres sesiones de la vista oral contra el coordinador de seguridad del aeropuerto denunciado en 2013

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Las denuncias por acoso en el Aeropuerto de Santiago de Compostela-Rosalía de Castro (Lavacolla) llegan a los juzgados. Este lunes se ha celebrado la primera vista del juicio por las denuncias presentadas por varias trabajadoras contra el coordinador de seguridad en la terminal compostelana.

En la primera de las tres sesiones de vista oral intervino el acusado, que solo contestó a su abogado y rechazó responder a la acusación y a la Fiscalía, así como varios testigos. La declaración ante el juez se produjo en medio de las protestas de  compañeros y representantes de CIG-Servizos de Compostela, que se concentraron delante de los juzgados de Fontiñas contra el «acoso continuado» que padecieron trabajadores y también el delegado de la CIG, Xosé Luís Castro, tras denunciar «la actitud machista y el trato denigrante» al que estaban sometidas.

Permiso para ir al baño

El miembro de la ejecutiva de la federación de Servizos de CIG, Roberto Alonso, ha dicho que las trabajadoras «tenían que informar al jefe de sus menstruaciones para que pudieran tener un relevo en el puesto de seguridad y poder ir al baño».

«Tenían, además, que pedir permiso para ir al baño, tanto las trabajadoras como los trabajadores, y muchas veces se les denegaba solo con el pretexto de que no había relevos», ha asegurado, al tiempo que ha informado de que hay un colectivo «bastante grande, de 40 personas en seguridad, y no tendría por qué haber ningún problema».

Seis años de espera

Alonso criticó el hecho de que el delegado sindical que denunció lo ocurrido fue «víctima de acoso continuado, tanto por parte del jefe de seguridad, como de las empresas [subcontratas de Aena] que lo respaldaron y mantuvieron en el puesto hasta el día de hoy, pese a las denuncias presentadas».

El representante de CIG también ha advertido de que se han tardado «seis años» en que se celebrasen las vistas del juicio, un tiempo «completamente insufrible para las víctimas de acoso», porque «muchas de ellas estuvieron de baja por trastornos ansioso-depresivos», agotando los periodos máximos de un año y medio y «teniendo que incorporarse viendo allí al acosador» con el «respaldo» de las empresas y la administración pública.

Es por ello que desde la CIG esperan una “sentencia ejemplar” después de haber «detectado» que «cada vez es más habitual» por parte de empresas ir a situaciones «de acoso», porque les resulta «más fácil, barato y no punible», al ser situaciones «muy difíciles de denunciar por parte de las víctimas que sufren este tipo de situaciones». Así, asegura, se «busca amargar la existencia a los trabajadores para que acaben marchando de la empresa sin derecho a indemnización, ni prestaciones, ni nada».

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