200 pueblos eólicos se rebelan contra la reforma energética

Los municipios dependientes de los molinos de viento, entre los que hay 14 gallegos, acusan al Gobierno de llevarlos a la bancarrota

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Los 200 municipios con parques eólicos se han rebelado contra la reforma energética que avanza el gobierno de Mariano Rajoy han pedido mantener las ayudas que percibe el sector para mantener los puestos de trabajo y no abocar a los municipios a la quiebra.

Los alcaldes han firmado un manifiesto conjunto en el que aseguran que durante los últimos años la energía eólica se ha convertido en la base económica de estos municipios y que la supresión de las ayudas ocasionaría supondría dejarlos al borde del abismo.

Entre los firmantes del manifiesto hay 14 concellos gallegos. Camariñas, Dumbría y Monfero, en A Coruña;  Chantada, Muras, Paradela, Pastoriza, Xermade, Castroverde y Vilalba (Lugo); O Irixo y Verea (Ourense) y Catoira y Vila de Cruces, en Pontevedra, piden el mantenimiento de las ayudas para el sector que mueve el viento gallego.

La petición

“Pedimos al Gobierno que a la hora de definir la reforma definitiva respete el gran valor que aporta la energía eólica. Le pedimos también que vuelva a apostar por la energía eólica, que está presente en cerca de mil municipios españoles. Creemos que es importante salvar uno de los pocos sectores industriales españoles exportador de tecnología y que tanto bienestar ha aportado a miles de ciudadanos de los pueblos de España”, dice el comunicado firmado por los alcaldes.

La Asociación Empresarial Eólica, AEE, entregará el manifiesto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Manuel Soria, y a los grupos parlamentarios.

La burbuja

Durante los años de apogeo económico en España, el Gobierno otorgó una ráfaga de subsidios e incentivos para las energías eólica y solar que convirtieron al país en uno de los más atractivos para los inversores.

Pero las tarifas comenzaron a generar un mercado descompensado y surgió el conocido déficit de tarifa, una deuda energética garantizada por el Estado que el Gobierno pretende reducir a toda costa.

La industria eólica se queja de que el Ejecutivo ha cambiado drásticamente las condiciones de permitieron la llegada de 25.000 millones de euros hacia este sector.

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