Salvemos Cabana pide a la Xunta que cese al director del Igape

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Advierte que Javier Aguilera pudo incurrir en un delito al avalar a la minera de Corcoesto ante posibles inversores antes de conocer el proyecto

Javier Aguilera, director del Igape

14/06/2014 - 11:24h

Paralizado el proyecto de la mina de oro en Corcoesto, salpicado desde su nacimiento por una enorme controversia, la polémica continúa en la presumible batalla judicial que librará la multinacional canadiense Edgewater para sacar a flote la extracción. El recurso presentado por la empresa canadiense ha salpicado a un actor inesperado, el director del Igape.

Javier Aguilera, según la documentación presentada, avaló a Edgewater ante posibles inversores en una cena en el Hostal de los Reyes Católicos (Santiago) mucho antes de conocer el proyecto, de que superase la fase de tramitación (que de hecho acabó en paralización) y de que pudiera medirse su impacto ambiental. La plataforma Salvemos Cabana, una de las más activas contra la explotación minera en la comarca de Bergantiños, exige a la Consellería de Economía que, de confirmarse este punto, cese de manera fulminante al director del Igape.

El problema ético


El colectivo advierte que tal actuación podría incluso constituir una infracción “sancionable a nivel penal”. Pero pone el foco en lo que considera un comportamiento carente de ética. “Como agencia adscrita a la Consellería de Economía para el desarrollo económico de Galicia, el Igape tiene entre sus objetivos apoyar todas aquellas actividades que contribuyan a mejorar el sistema productivo gallego, facilitando los procesos de creación, consolidación y crecimiento empresarial, pero no a cualquier precio, ni mucho menos sin ningún tipo de control”, censura la plataforma.

Aguilera, en declaraciones a Europa Press, reconoció que pronunció palabras a favor del grupo minero pero que Edgewater las “sacó de contexto” en el recurso presentado ante la Xunta.

Que se abra una investigación

Salvemos Cabana pide a la Xunta que abra una investigación para aclarar los hechos y que, en caso de ser necesario, depure responsabilidades.

El colectivo mostró su total rechazo a este tipo de actitudes, que “ponen de manifiesto la absoluta falta de respeto por parte de determinados responsables a las instituciones democráticas y a su normal funcionamiento”.

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