Mazazo para Edgewater: el valedor confirma la caducidad de la autorización ambiental de Corcoesto

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El organismo recuerda a Salvemos Cabana que la empresa debería volver a presentar una nueva solicitud para tratar de retomar el proyecto

Instalaciones de Edgewater en la parroquia de Canduas, en Cabana

04/11/2014 - 13:35h

Aunque la minera canadiense Edgewater parece empeñada en retomar el proyecto aurífero de Cabana de Bergantiños la realidad es que acumula muchos palos en sus ruedas. La plataforma Salvemos Cabana explica que el Valedor do Pobo les ha remitido un informe en el que confirma que en caso de la compañía pretenda sacar a flote Corcoesto “la única posibilidad pasa por la presentación de una nueva solicitud en la que tendrían que dar a conocer todos los detalles, también los de carácter ambiental”.

Según informa la asociación en contra de la minería agresiva, el Valedor estipula que “incluso aunque la empresa pretenda presentar el mismo proyecto las consecuencias jurídicas serían idénticas, puesto que el anterior fue formalmente rechazado por razones de fondo”.

De hecho, hace un año, la Xunta de Galicia tumbó el proyecto al no cumplir con los requisitos técnicos y económicos exigidos.

Un plazo con caducidad


El Valedor recuerda en su escrito a Salvemos Cabana que ya en 2013 remitió un informe al Parlamento en el que señalaba que “dado el rechazo global al proyecto, este tiene como consecuencia que decaigan todos los actos de trámite del mismo, entre ellos la evaluación ambiental” pues “no resulta aplicable o previsto para una posible caducidad de las declaraciones, puesto que la pervivencia durante un plazo se prevé para los casos en que se dio autorización o aprobación del proyecto y este no comenzó a ejecutarse”.

El informe remitido indica, además, que el organismo autonómico trasladó a la Administración gallega su resolución una vez recibidos “los informes complementarios y aportados por diversas fuentes, como la propia promotora del proyecto o las organizaciones ambientales” en los que “ se observaron determinadas actuaciones aparentemente no adecuadas para el proceso”. No obstante, como la Xunta mostró su rechazo al proyecto de forma pública “ya no resultaba preciso formalizar las actuaciones que se podrían deducir”.

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