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El gobierno amplía la moratoria antidesahucios a las familias con hijos menores de 18 años y a las víctimas de la violencia de género

Barcelona, 18/03/2017 - 12:00h

La moratoria antidesahucios fue prorrogada por tres años más, hasta el 2020, según ha sido publicado por el Boletín Oficial del Estado este sábado. Esta es la segunda oportunidad que se amplía la protección a las familias que no pueden pagar sus hipotecas, tras la extensión promulgada en 2015 hasta este año.

En el Real Decreto se amplían las medidas de protección a colectivos vulnerables por la crisis, que sufren el peligro de perder su vivienda. Ahora también se podrán beneficiar las familias con hijos menores de 18 años (actualmente el límite eran niños de hasta tres años) o las monoparentales con al menos un hijo (se elimina el mínimo de dos hijos).

Las prestaciones se extienden a familiares dependientes o con enfermedades

También se podrán acoger a esta medida las familias en las que convivan una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge hasta un tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentre en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave.

La moratoria implementada en 2015 ha frenado 24.000 desahucios

La medida también alcanza a aquellas familias en las que exista una víctima de violencia de género. Respecto a los parados, se amplía su alcance al eliminarse el requisito de haber agotado las prestaciones por desempleo.

Según Economía, los desahucios bajaron un 30%

En la presentación de estas medidas, el ministro de Economía Luis de Guindos destacó que los desahucios en la vivienda habitual han caído un 30% en los últimos dos años. Desde la puesta en marcha de esta moratoria, se han suspendido 24.000 procedimientos hipotecarios.

Otra medida es la introducción del Código de Buenas Prácticas en el alquiler de la vivienda habitual. Esto implica que mientras dure la moratoria, el deudor hipotecario que haya sufrido un desahucio y que se encuentre en una situación vulnerable podrá solicitar un alquiler de la vivienda en condiciones más favorables. El precio máximo anual del alquiler será el equivalente al 3% del valor de la vivienda tasada para el remate.

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