Villar Mir también vende las tres centrales hidroeléctricas que le adjudicó Feijóo

Tres de los nueve saltos del Xallas que incluye en la operación con Brookfield están aún en obras o pendientes de autorización para su puesta en funcionamiento

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El empresario Juan Miguel Villar Mir, dueño de Ferroatlántica, ha cerrado la venta de sus centrales hidroeléctricas españolas al fondo norteamericano Brookfield por 153 millones de euros. Entre los activos que se incluyen en el acuerdo, figuran tres plantas en Aragón y nueve en Galicia. De estas, una buena parte las tiene desde que tomó el control de la empresa de Ferroaleaciones en los años 90, pero hay tres que son mucho más recientes.

Hace ahora cinco años por estas mismas fechas, el empresario se convertía en el primer afortunado al que la Xunta autorizaba un proyecto de repotenciación de centrales hidroeléctricas en la cuenca de Galicia Costa. Justo una década antes, con el gobierno en funciones, el entonces presidente autonómico Manuel Fraga aprobó la construcción de 71 nuevas minicentrales, un plan que paralizó el bipartito por «desproporcionado» nada más tomar posesión.

Durante años no se concedieron licencias. En 2012, con Alberto Nüñez Feijóo ya en la Xunta, el plan volvió a emerger. Pero el número de nuevos aprovechamientos previstos se redujo considerablemente, al tiempo que se incrementaron las exigencias relativas al caudal ecológico de los ríos afectados.

Pendientes de la segregación

Los proyectos permitidos por el presidente de la Xunta en el río Xallas fueron los de Novo Castrelo, Fervenza II y Ponte Olveira II, en los que Ferroatlántica invirtió un total de 38 millones de euros. En la actualidad, solo uno de ellos está completamente rematado, a falta únicamente de la autorización de Augas de Galicia para su puesta en marcha. En los otros dos, los trabajos están bastante avanzados. Y así es como en principio se los va a quedar el nuevo comprador, siempre que la Xunta autorice la segregación del negocio energético del de las ferroaleaciones.

Nuevamente es Feijóo el que tiene que dar el visto bueno a un plan con el que Villar Mir espera obtener una buena suma de dinero, que después promete reinvertir en Galicia, generando empleo, mejorando la capacidad industrial de las fábricas y apostando por una nueva línea de negocio con un futuro prometedor, como es la del silicio solar.

El ejecutivo autonómico, de momento, no está por la labor de ceder a sus peticiones. El conselleiro de Industria, Francisco Conde, afirmaba este viernes que la postura de la Xunta se mantiene igual que al principio, que no es otra cosa que defender que la empresa (todas sus líneas de negocio) debe permanecer unida. No obstante, el titular de Industria apuntaba que Ferroatlántica aún no había solicitado la segregación y que, en el momento que así lo hiciera, analizarían «los fundamentos» de la misma para determinar si, de acuerdo a la legislación, sería viable.

Elemento de presión

Al margen de eso, la empresa sigue manteniendo reuniones con los trabajadores de los distintos centros para presentarles los beneficios del plan industrial, supeditado a la venta de los activos hidroeléctricos del grupo en España. La mayor oposición a sus pretensiones la tienen en las plantas de Cee y Dumbría, en la comarca de Fisterra, dado que son estas factorías las que están vinculadas administrativamente con todos los saltos del Xallas.

Las tres minicentrales, no exentas de polémica –AGE y el BNG pidieron en 2015 la paralización de los trabajos por su afección a un ecosistema «único»– son un activo que los trabajadores quieren utilizar para devolverle la presión a Villar Mir. En varias ocasiones, los empleados de las plantas de Cee y Dumbría se dirigieron al organismo autónomo Augas de Galicia para pedirle que exigiese al empresario su promesa de construir un nuevo horno antes de concederle el permiso de explotación.

Esa petición no es un capricho de los trabajadores; es una necesidad. Según explican dese el comité de empresa, la cubeta del horno 22 de la planta de Cee está ya al final de su vida útil, lo que entraña un grave riesgo para la seguridad de la factoría, pero también para su viabilidad. Una parada técnica, señalan, supondría perder el módulo de 90 megavatios que obtuvieron en la última subasta de interrumpibilidad, con lo que eso conlleva para su competitividad. Repararla y dotar al complejo de un nuevo horno, mejoraría «sustancialmente» la capacidad de producción y de generar riqueza en la comarca.

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