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Alfonso García Calvo, hombre clave en la contabilidad irregular de Pescanova, logró una indemnización de 460.000 euros por su despido, que ahora queda anulada

R. Rodríguez/X.R.M.

García Calvo recomendaba y pedía autorización a Fernández de Sousa para hacer pagos en 'b'. En la imagen, el expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa / EFE

en A Coruña, 11 de mayo de 2017 (07:00 CET)

La caída de la antigua cúpula de Pescanova a causa de la quiebra de la compañía y la degradación de Manuel Fernández de Sousa tiene todavía flecos pendientes para la nueva sociedad que surgió tras la toma de control de la pesquera por parte de la banca acreedora, Nueva Pescanova. La empresa tuvo que vérselas en los tribunales con una de las piezas clave de la histórica directiva, Alfonso García Calvo, quien fuera hombre de confianza del expresidente y apoderado de un buen número de filiales, ahora extinguidas y fusionadas en el proceso de reestructuración del grupo.

García Calvo, adscrito al departamento financiero, sobrevivió a la debacle de la pesquera hasta diciembre de 2015, cuando fue despedido por carta, alegando los nuevos gestores causas organizativas e “ineptitud sobrevenida” para el desempeño del puesto. Fijó una indemnización de 133.000 euros. En esos momentos, el directivo ya había sido imputado por el juez Ruz por su responsabilidad en la quiebra de Pescanova, estableciendo la Audiencia Nacional una fianza a la antigua cúpula, incluído García Calvo, de 158,5 millones.

Nueva Pescanova despidió a García Calvo alegando "ineptitud sobrevenida" y con un finiquito de 133.000 euros

El cese conllevó un acto de conciliación que no acabó bien. De hecho acabó tan mal que derivó en un proceso judicial resuelto en sentencia de febrero de este año por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en favor de Nueva Pescanova. García Calvo había logrado en primera instancia una indemnización de más de 460.000 euros en compensación a los servicios que llevaba prestando a la empresa desde 1978.

Entre estos servicios estaba el manejo de fondos a través de Novapesca Trading, una sociedad instrumental que se dedicaba a mover capital entre las filiales del grupo alrededor del mundo y que posteriormente se desveló como una de las llaves maestras en la presunta contabilidad irregular de Pescanova.

De hecho, Nueva Pescanova alega en su argumentación contra la demanda de García Calvo que el informe forensic de KPMG vinculaba al directivo con “prácticas contables y empresariales irregulares que posteriormente fueron investigadas a través de procedimiento penal seguido ante la Audiencia nacional".

García Calvo pedía autorización a Fernández de Sousa para pagar en negro a intermediarios de Pescanova, según KPMG

Este informe, que avanzó en exclusiva Economía Digital, describía algunos de los presuntos manejos irregulares de Fernández de Sousa, García Calvo y el antiguo director financiero, Antonio Táboas. KPMG recogía varios correos en los que García Calvo, que fue administrador solidario de Novapesca Trading, consultaba al presidente sobre si efectuaban los pagos “en A o en B” o daba su valoración sobre si a un determinado intermediario de Pesvanova se le debía pagar en dinero negro. Esos correos llevaban copia a Antonio Táboas y a Joaquín Viña, entonces responsable de Auditoría. Todos fueron imputados por la Audiencia Nacional.

[Lea Fernández de Sousa autorizó pagos en 'B' a intermediarios de Pescanova]

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no atiende a estos motivos para justificar el despido objetivo de García Calvo, pero sí que cree que existen "causas organizativas" que permiten justificarlo por la quiebra y posterior reestructuración de la pesquera.

“La naturaleza y trascendente alcance del proceso de reestructuración societaria emprendida por Nueva Pescanova SL implicó forzosamente, entre otras consecuencias, una nueva ordenación de recursos, motivada por problemas de rentabilidad y eficiencia empresarial derivados de la situación previa al procedimiento de concurso de acreedores y a resultas de éste, de ahí que el nuevo empresario no venga obligado a conservar la fuerza de trabajo ni a mantener al demandante en el ejercicio de las funciones que había desempeñado, porque aún siendo éstas necesarias pueden pasar a ser realizadas por otro trabajador o incluso por el empresario cuando tal medida supone una mejor organización de los recursos”, zanja el tribunal.

Además indica que el despido cumple los criterios de “racionalidad, idoneidad y legalidad” requeridos por la “adecuación entre la medida extintiva y el cambio organizativo, es decir, por concurrencia causal acreditada de los hechos”. La Sala termina declarando objetivo el despido y anulando la indemnización, que se queda en el finiquito inicial de 133.000 euros.

Contra la sentencia cabe recurso de casación. Este medio consultó el pasado lunes a Nueva Pescanova sobre la continuidad del litigio sin recibir hasta la fecha respuesta.