Las lagunas en las auditorías de la patronal
Los auditores no pudieron chequear el plan de viabilidad de la patronal ni los activos y litigios vinculados a las oficinas en el exterior que paga el Igape
El próximo viernes, la Asamblea Xeral de la Confederación de Empresarios de Galicia se reúne en Santiago para votar la aprobación de las cuentas del ejercicio 2016, un balance que arroja un beneficio de 82.400 euros, frente a los 895.000 euros en números rojos del ejercicio precedente.
Al máximo órgano de decisión de la patronal también se presenta un borrador de la auditoría de cuentas, chequeo que ha tomado por costumbre la institución desde la etapa de José Manuel Fernández Alvariño en la presidencia. En una etapa convulsa, con tres elecciones en poco más de tres años, los presidentes han querido verificar las cuentas que heredaban de sus predecesores, si bien los auditores no siempre han podido completar su tarea.
Sin datos de las oficinas en el exterior
El informe que realiza la auditora Randulfe y Casariego para las cuentas de 2016 da una opinión favorable a los números, si bien establece como salvedad la imposibilidad de chequear los activos vinculados a la red de oficinas en el exterior, que costea el Igape con el objetivo de apoyar la internacionalización de empresas.
El auditor especifica que la entidad tiene en su balance activos procedentes de la liquidación de oficinas en el extranjero del Plan Pexga 2010-2013, pero que no tiene evidencia de los números al no encontrar “documentación de soporte sobre la situación del inmovilizado”. En esa etapa, estuvo Antonio Fontenla al frente de la CEG.
Este programa fue en los últimos años la principal fuente de ingresos de la institución, aportando alrededor de un millón de euros cada curso. Más o menos, la mitad del presupuesto de la patronal.
El mismo problema desde 2014
Las auditorías de los ejercicios 2014 y 2015, con cuentas ya aprobadas, mantenían salvedades similares, según las fuentes empresariales. Auditores Asociados especificaba que determinados saldos deudores por valor de 5.000 euros derivados de la liquidación de las oficinas en Colombia, México y Argentina, no fueron verificados al carecer de documentación que los acreditase.
El programa Pexga fue protagonista de un contencioso entre la patronal y la Xunta, al negarse esta a costear 600.000 euros en gastos de las oficinas en el exterior por considerar que no estaban justificados. La CEG presentó un recurso ante el Gobierno gallego que perdió, para luego explorar la vía del contencioso intentando recuperar el dinero.
Plan de viabilidad sin auditar
La auditora también insistió en su análisis de las cuentas de 2014 y 2015 que la Confederación de Empresarios se encontraba con un fondo de maniobra negativo de 500.000 euros, pero que había presentado un plan de viabilidad fundamentado en el recorte de gastos y la reestructuración de la deuda bancaria, que superaba el millón de euros a cierre de 2016.
Sin embargo, decía la auditoría, “la entidad no ha podido facilitarnos las bases en las que se apoya para desarrollar este plan, por lo que no hemos podido evaluar su razonabilidad ni las posibilidades de que pueda seguir desarrollando sus operaciones”.
La hoja de ruta, que sacó adelante Antonio Dieter Moure durante su mandato, preveía una reducción del 40% de la plantilla, lo que ha acabado costando a la patronal más de 400.000 euros en indemnizaciones.
1,7 millones en subvenciones
Los números que lleva a la asamblea Antón Arias constatan unos ingresos de 2,1 millones en 2016, de los que 1,7 millones proceden de subvenciones, según las mismas fuentes. A los 600.000 euros que otorga la Xunta en base a la Ley de Participación Institucional cada año se suman a los 960.000 euros del Igape por la red de oficinas en el exterior y partidas menores de programas como el Galactea o las ayudas para inserción laboral.
Las cuotas de empresas y los arrendamientos de los inmuebles de la CEG aportaron algo más de 400.000 euros.
