La Fiscalía de A Coruña carga contra las prácticas abusivas de Orange

La Fiscalía de A Coruña ha decidido pasar a la acción para frenarle los pies a la operadora de telecomunicaciones Orange, a la que acusa de «prácticas abusivas» en la facturación a clientes que se dan de baja. De hecho, ha solicitado al Juzgado de lo Mercantil de A Coruña que prohíba a la compañía emitir facturas por consumos mensuales cuando el servicio prestado ya haya finalizado antes. A juicio de la Fiscalía, esto supone que la empresa requiere a los consumidores para que abonen un servicio que no ha prestado, «en lugar de reducir proporcionalmente la cuota para ajustarla al periodo realmente consumido hasta la fecha en que se extingue el contrato».

El Juzgado de lo Mercantil Número 2 de A Coruña ha acogido este lunes la vista de medidas cautelares en relación a la demanda colectiva de cesación en defensa de los consumidores y usuarios presentada por la Fiscalía Provincial de A Coruña contra la entidad Orange Espagne S.A. por prácticas abusivas en la facturación a clientes que se dan de baja en dicha operadora.

El fiscal solicita la imposición de medidas cautelares para «cesar» este método de facturación realizado por la operadora mientras dure el procedimiento judicial. Este lunes se ha celebrado la vista de medidas cautelares, mientras que el juicio del procedimiento principal tendrá lugar en septiembre.

La Fiscalía de A Coruña solicita la imposición de medidas cautelares a Orange para evitar la facturación abusiva

Los hechos afectan a consumidores de A Coruña, pero el Ministerio Fiscal entiende que el número de casos es superior puesto que se trata de una operadora implantada en todo el territorio nacional, en el que cuenta con más de 19 millones de clientes, según ha expuesto el fiscal.

Orange se defiende

Por su parte, el letrado de Orange ha sostenido que el método de facturación (sistema prorrateado) que pretende que se aplique la Fiscalía «no es justo» puesto que «pretende que los precios deben ser imputados a cada servicio y que su consumo sea lineal», algo que resulta «inasumible» para la operadora telefónica. «No existe un sistema legalmente aprobado para la facturación en estos servicios», ha alegado el abogado de la parte demandada, que defiende el sistema utilizado por la operadora, que «no cobra de más» a sus clientes.

Asimismo, sostiene que las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía supondrán un «descrédito comercial incalculable» y «una condena anticipada» para la compañía, que se vería obligada a cambiar «de un día para otro» el sistema y «publicar la resolución judicial en un periódico de tirada nacional».