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Unen fuerzas para reclamar a Bruselas que elimine la exención del 95% del IBI de la que goza la concesionaria de la AP-9

A Coruña, 21 de abril de 2017 (05:00 CET)

Al margen de las obras y la subida de tarifas de los peajes, una veintena de concellos coruñeses ha decidido pasar a la acción contra Audasa, la concesionaria de la AP-9. Liderados por Abegondo, los municipios por los que discurre la autopista, estudian la posibilidad de llevar ante la Comisión Europea la exención del 95% del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la que goza la empresa.

Esta exención data del año 1972 y seguirá vigente hasta 2023. Desde el año 2002, las autopistas de peaje son consideradas por ley Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES), pero la exención se mantuvo para algunas de ellas, como en el caso de la vía gallega, mientras que las nuevas concesiones ya no gozan de este beneficio fiscal.

Las nuevas concesiones ya no disfrutan de la exención del 95% en el pago del IBI

Este jueves, 15 de los 22 concellos convocados –Abegondo, Culleredo, Cambre, Oleiros, Betanzos, Ordes, Oroso, Ames, Teo, Ferrol, Cabanas, Pontedeume, Paderne, Bergondo y Miño (A Coruña, Santiago, Fene, Narón, Mesía, Padrón y Neda no pudieron asistir)– acudieron a una reunión en la que el bufete madrileño Gonzalo Abogados, especializado en haciendas locales y financiación local, les explicó que no puede existir una norma jurídica como ésta que contravenga los principios de los Tratados de la Unión Europea.

Reclamación millonaria

Según los cálculos de la consultora, los municipios de la provincia de A Coruña deberían estar percibiendo por este concepto algo más de cinco millones de euros, mientras que ahora sólo obtienen el 5% de esta cantidad. Con la denuncia ante Bruselas, esperan recuperar esta cantidad con carácter retroactivo, lo que podría elevar la cuantía a satisfacer a estos concellos hasta los 50 millones de euros, puesto que este tipo de reclamaciones en Europa tienen en cuenta los 10 últimos años.

Por este motivo, sugieren presentar un recurso de incumplimiento contra España ante la Comisión Europea con el objetivo de que subsane esta situación y elimine la exención. Para ello, sería necesario revisar la valoración catastral de la autopista en cada municipio, que podría ser errónea en muchos casos, e iniciar posteriormente la reclamación administrativa en Europa con el necesario informe jurídico.

Tras la primera toma de contacto de este jueves, los concellos estudiarán la propuesta y, posteriormente, los interesados se volverán a reunir para iniciar el procedimiento.