Competencia investiga a Villar Mir y Florentino Pérez por ‘amañar’ contratos del AVE

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia abre expediente sancionador a 25 empresas por repartirse contratos para la electrificación de las líneas

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Competencia vierte más sombras sobre el despliegue del AVE en España. El supervisor ha abierto un expediente sancionador a 25 empresas por presuntas prácticas anticompetitivas en el suministro de sistemas de electrificación y equipos electromecánicos para las líneas ferroviarias. La CNMC investiga a algunas de las más virtuosas compañías a la hora de hacerse con contratos de la alta velocidad. Entre julio de 2016 y enero de 2017 realizó inspecciones a Alstom, Cobra, Siemens o Elecnor, entre otras.

Finalmente, el supervisor ha expedientado a 25 sociedades bajo la sospecha de un reparto de las licitaciones para la construcción y el mantenimiento de los citados sistemas de electrificación y equipos electromecánicos en las líneas ferroviarias, tanto en la alta velocidad como en la red convencional.

En el listado están tres sociedades del grupo ACS de Florentino Pérez, la OHL de Villar Mir, la adjudicataria del polo industrial de drones de Rozas, Indra; Abengoa o Isolux Corsán. Se abre ahora un periodo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución. Será entonces cuando Competencia determine si corresponde sancionar a estas sociedades.

Indra, empresa implicada en la Operación Lezo, ya ha rechazado de plano las sospechas que recaen sobre ella y ha asegurado que “no ha llevado a cabo ninguna conducta restrictiva de la competencia, ni directa ni indirectamente«, según declararon fuentes de la compañía a Europa Press.

La investigación abierta por Competencia, en todo caso, asesta un nuevo golpe al desarrollo del AVE en España. Adif también abrió una investigación interna derivada de otra que se realiza en el ámbito judicial por una presunta trama de sobornos que afectaría a algunos de sus altos cargos.

El conocido como caso Adif, instruido por un juzgado de Barcelona, pretende determinar si personal del gestor de infraestructuras avaló informes con sobrecostes inflados en favor de las constructoras a cambio de sobornos. Este proceso afecta a uno de los tramos del AVE gallego, entre Ourense y Amoeiro, que fue adjudicado a Isolux Corsán.

Fue a raíz de la causa judicial que trascendió la propia investigación interna de Adif, confirmada este lunes por el Gobierno a preguntas de la diputada de En Marea Alexandra Fernández. Fernández preguntó también si la calidad del hormigón empleado en la infraestructura garantizaba la seguridad de las líneas. Un informe de la Guardia Civil asegura que no ofrecía la “resistencia suficiente” para el encofrado y que, a pesar de ello, Isolux no lo revisó.

La investigación interna de Adif también se encargará de evaluar la calidad de los materiales empleados en el tramo del AVE, que a medida que se va acercando a Galicia, deja tras de sí un reguero de investigaciones abiertas.

 

 

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