Alerta en el Parlamento: demandas millonarias contra el Gobierno empañan el macro proyecto gallego de la batata

A la comarca de Bergantiños le llueven las ofertas. Dejada casi atrás la polémica mina de Corcoesto, un nuevo gran proyecto industrial sondea al menos siete municipios –Coristanco, Cabana, Malpica, Carballo, A Laracha, Ponteceso y Finisterre– para desarrollar plantaciones de batata y para su posterior aprovechamiento en la generación de biocombustible.

La empresa responsable es Termo-biológicas, constituida en marzo del pasado año en A Coruña, una sociedad instrumental de la matriz con base en Panama, Lysply Hidrógeno-Butanol-Gasolina S.A . El consejero delegado del brazo gallego de la compañía, José Luis Lagares –quien fuera responsable de Eurogalicia Forestal, un intento frustrado de instalar una papelera en As Pontes– ha presentado la iniciativa de la mejor de las maneras. No solo por la posibilidad de generar empleo y desarrollo industrial en el rural, sino también afirmando que las biorefinerías tendrían un impacto ambiental casi nulo, algo que varios colectivos ecologistas ya han puesto en duda.

En todo caso, se compromete a crear 5 puestos de trabajo por cada hectárea de terreno y necesita centenares. Es el aval con el que negocia ante Xunta y ayuntamientos para lograr las parcelas que necesita Termo-biológias en su proyecto agroindustrial.

Sombras en el proyecto

Una empresa altamente innovadora, con patentes propias y que promete empleos de alta cualificación con poco impacto ambiental, pero no por todo eso exenta de sombras. La polémica se ha desatado en la última semana y ha llegado incluso al Parlamento, donde AGE ha preguntado formalmente a la Xunta este viernes por los detalles de la iniciativa –sometida en sus inicios a contratos de confidencialidad– y por la relación de los promotores con dos demandas mil millonarias por daños y prejuicios en Canarias y Andalucía.

El vínculo no es directo de la empresa, que fue constituida hace poco, sino a través de su presidente, Daniel González González, también propietario de Lysply SA. La constructora protagonizó dos proyectos en Tenerife y Almería que acabaron de la peor de las maneras, con intervención policial para frenar las máquinas y con un conflicto judicial en el que las administraciones, incluído el Gobierno central, se jugaron miles de millones.

Pinchazo insular

En territorio insular, en Granadilla de Abona, Lysply construía un subvencionado «laboratorio experimental de energía termoeléctrica solar» que fue precintado antes de entrar en funcionamiento por ocupar suelo rústico protegido, carecer de licencia urbanística, y de las autorizaciones preceptivas de la Direción General de Energía. El Gobierno canario pidió la intervención de Policía y Guardia Civil para parar las obras.

La empresa llevó a los tribunales a Estado y Gobierno autonómico y le reclamó por daños y perjuicios 40.256 millones de dólares. La reclamación de Lysply exigía 50 millones de euros diarios en concepto de responsabilidad patrimonial y alegaba que había perdido contratos internacionales por la paralización de las obras.

Pifia en el desierto

En Tabernas (Almería) sucedió algo parecido. La promotora Guradoor SL. con domicilio en tenerife y con Daniel González González como apoderado, impulsó la creación de un huerto solar con una superficie de 20.000 hectáreas. La constructora era Lysply SA. Una vez más el proyecto fue cancelado con un informe desfavorable emitido por el subdirector general adjunto de Energía Eléctrica en la comunidad.

La reclamación, en este caso, fue el Ministerio de Industria, la Junta de Andalucía y el gobierno de la Región de Murcia, a los que se les exigía en los tribunales una indemnización de 620 millones diarios por el lucro cesante.

La Audiencia Nacional tumbó ambas demandas. 

Termo-biológicas, consultada por este medio, dijo desconocer si su presidente había realizado las reclamaciones, así como los proyectos de energía solar.